La iniciativa de Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación elimina la autonomía de los centros públicos de investigación.
La esperada llegada de la iniciativa de Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación al Congreso, finalmente se dio en los últimos días del pasado periodo de sesiones. Sin duda, su discusión concentrará los reflectores como una más de las profundas batallas que el gobierno federal plantea en la reconversión de múltiples rubros de la vida nacional.
Esta, sin embargo, concentra mayores elementos ideológicos que cualquier otra que hasta ahora se haya desplegado en el terreno parlamentario. Es la confrontación de una visión de país contra otra claramente diversa y contrastante que reúne, en unos cuantos artículos de una ley, el choque de dos maneras de entender la ciencia. Desde el punto de vista ideológico, esta reforma supera a las que se han planteado en términos de militarización, organización de elecciones o soberanía energética.
En palabras de la actual directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, “existe una evidencia incuestionable de que la forma en la que se estaba organizando el quehacer científico, la asignación de recursos, la no coordinación de una agenda, y un gasto gigantesco cada vez mayor, propició una falta de eficiencia y un debilitamiento de los medios de producción nacionales”.
De esa afirmación, a la que podemos conceder méritos, lo que se plasma en el proyecto de nueva ley es por demás temerario y supone un cambio radical del modelo construido a lo largo de varias décadas. En esta batalla no solo participan en “el otro bando” los particulares, los privados, los antagonistas de siempre. En esta ocasión el bloque se forma, también, por los investigadores y centros educativos y de investigación que pertenecen al sector público, y que miran la “promoción” de la nueva ley como una claudicación a la posibilidad de generar en el país ciencia y tecnología del más alto nivel competitivo. La ley plantea, sin ambages, una ciencia “ideológicamente comprometida”, si es que “eso” sigue siendo ciencia.
Entre los señalamientos más graves que hace Red Prociencia es el hecho de que la iniciativa elimina la autonomía de los centros públicos de investigación, reduciéndolos a organismos al servicio del gobierno, eludiendo establecer compromisos sobre montos y formas de financiamiento de las actividades de ciencia y tecnología. Finalmente, la propuesta de ley da un trato discriminatorio a las instituciones que participan en el ecosistema de innovación y pretende concentrar en Conacyt los derechos que corresponderían a creadores e innovadores.
Celebramos el llamado que desde el Congreso se ha hecho para sostener mesas de discusiones plurales y abiertas para escuchar todas las voces. El ejercicio será valioso, pero no debe limitarse a aparentar un proceso deliberativo que al final cierre las puertas a la razón y la experiencia. Es mucho lo que nos estamos jugando en decisiones que podrían apartarnos de un curso de acción que ya está arrojando resultados alentadores. Eliminar lo construido para empezar de cero es como cancelar un aeropuerto que lleva ya la mitad de su edificación en curso.
Dr. Mauricio Jalife Daher
Enero 11, 2023
