Para un país industrializado, la explotación de sus patentes, marcas y derechos de autor en el extranjero se vuelve crítica para alcanzar los beneficios de sus modelos de negocio.

Para entender la interdependencia existente entre nuestro sistema de propiedad intelectual y el T-MEC, basta con revisar los antecedentes de las últimas tres décadas. La reflexión es propicia para evaluar las consecuencias que tendría cualquier decisión orientada a reducir o modificar esta relación simbiótica.

Un primer parámetro que es válido recordar es que, para la economía de un país industrializado, la explotación eficiente de sus patentes, marcas y derechos de autor en mercados del extranjero se vuelve crítica para alcanzar los beneficios de sus modelos de negocio. En esa lógica, la protección de sus derechos se convierte en una exigencia primaria en cualquier acuerdo comercial con socios y aliados, partiendo de la hipótesis de que la observancia de altos estándares en este tipo de legislación aporta ventajas a todas las partes.

En el caso de nuestro país frente a Estados Unidos la relación ha cursado diferentes grados de intensidad en la exigencia, pero la constante ha sido la presión que regularmente México ha sufrido para mejorar tanto sus leyes en la materia como los recursos destinados a combatir piratería. El primer gran momento histórico se ubica en 1991, cuando nuestro país promulgó una nueva ley que respondía y anticipaba la firma del TLCAN. Casi treinta años después, confirmando los compromisos que exigía el voluminoso intercambio comercial entre México, EU y Canadá, el capítulo de propiedad intelectual en el T-MEC representó, inclusive, un avance en los niveles de protección. No es casual que, justo el 1 de julio del 2020, en forma simultánea a la firma del Tratado fuesen promulgadas nuestra actual ley de propiedad industrial y reformas sustanciales a la legislación de derechos de autor.

Lamentablemente, contar con leyes actualizadas en la materia no es suficiente si no se acompaña de un aparato oficial para aplicarlas con recursos adecuados y programas continuos y medibles. Más allá de ello, lo que ha sucedido en estos tres años es que se ha paralizado la actividad de la unidad antipiratería de la FGR en detenciones de productos falsificados y se ha afectado la capacidad de detección de productos importados ilegales en las aduanas, que son dos de los factores cruciales del modelo. Lo más grave es que se ha traicionado el respeto que como eje central del sistema de protección a la creatividad y la innovación debemos todos observar, al permitir que productos decomisados sean reingresados al mercado, por la propia iniciativa del gobierno federal.