Si algo podemos destacar con relación a las respuestas que las diversas autoridades han dado a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, es la disparidad en la calidad y alcance que cada entidad o tribunal ha tenido en estas condiciones de excepción. Hemos ido, desde la apatía y la indiferencia, hasta el gran compromiso de servicio de algunas instituciones y sus empleados.
Con lo aprendido en un año, son muchas las lecciones que todos podemos asimilar. La primera y más importante, que la fuerza mayor y el caso fortuito no son cláusulas incluidas rutinariamente en los contratos, sino situaciones que la vida diaria se encarga de actualizar en las formas más inesperadas. A partir de esta inédita emergencia los abogados deberemos estar prestos a prever posibles escenarios de riesgo en cada contrato que debamos redactar, anticipando soluciones que preserven los intereses que dieron vida a la relación. A la vista de los acontecimientos vividos, es claro que de la construcción de esos escenarios será posible evitar conflictos que desembocan en controversias de enormes costos sociales, laborales, personales y empresariales.
De parte de las autoridades he percibido que las que mejor desempeño han mostrado han sido aquellas que ya tenían camino andado en la parte digital, de manera que mantener abiertos los accesos a los usuarios ha requerido de ajustes menores. El caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con robustos sistemas informáticos y servicios digitales es un buen ejemplo de una institución que, aún con retrasos y omisiones, ha mantenido sus principales servicios operando. De acuerdo a la evolución de la propia pandemia, la asistencia de su personal a las oficinas en forma rotativa se ha combinado con el teletrabajo, permitiendo desahogar parte del rezago acumulado en los meses de paro.
La Sala Especializada de Propiedad Intelectual, como parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es otra de las entidades que ha puesto ejemplo. La inclusión de las herramientas informáticas necesarias para el denominado “juicio en línea”, cuestionado inicialmente por algunas fallas de implementación, mostró sus bondades para dar continuidad a los plazos y términos procesales con pocas interrupciones. Además, la disponibilidad de sus magistrados para seguir sosteniendo audiencias a través de plataformas digitales destaca por su pragmatismo y apertura.
En otros casos, en cambio, la atrofia ha sido generalizada. Los tribunales de la Ciudad de México, siempre presionados por bajos presupuestos operativos, han mostrado como nunca sus carencias e incapacidad para responder a una ciudadanía urgida de dar trámite a sus demandas. El Poder Judicial Federal, en un punto intermedio, pudo poner a funcionar un sistema electrónico plagado de fallas técnicas, que medianamente ha brindado acceso en áreas de la mayor sensibilidad jurídica. Por su parte, Institutos como el Nacional de Derecho de Autor, ha mostrado la peor cara de la administración. Aunado a la muerte de su director hace algunos meses, los servicios a los autores han sido casi inexistentes. Las limitadas “ventanillas” que Indautor ha podido abrir al público apenas brindan los servicios mínimos para no dañar más al sistema.
Espero, y creo, que todos hemos aprendido que las gestiones judiciales y los procedimientos administrativos han cambiado para siempre y que nos toca ahora, a los abogados, sus colegios y universidades, prepararnos para el nuevo mundo del derecho.
