Luego de 4 años de indiferencia hacia los temas de Propiedad Intelectual -durante la época Trump-, es predecible que la postura del gobierno estadounidense recupere los ejes de su exigente política de cumplimiento en los diversos temas sensibles en materia de patentes y piratería. Aún y cuando el T-MEC incluyó los altos estándares que este tipo de acuerdos multilaterales suelen exigir, en el terreno político la presión que regularmente se ejerce sobre nuestro país disminuyó notablemente.
De hecho, si se repasan las medidas que en general Trump adoptó en este rubro los resultados son escasos. Una de las decisiones que afectó seriamente el liderazgo de Estados Unidos en la materia se generó desde el anuncio de la salida de ese país de la negociación del Transpacific Partnership Agreement (TPP), que contenía el más pretencioso y robusto capítulo de Propiedad Intelectual de los nuevos acuerdos internacionales. El retiro de Estados Unidos, como se recuerda, fue la primera decisión de gobierno de su administración, tirando por la borda, al menos en esta materia y de un solo plumazo, años de esfuerzos para consolidar los más altos umbrales de protección alcanzados en un foro internacional.
La única referencia enfática que podemos recuperar de este periodo fue el reclamo que el ahora expresidente formuló a China por el supuesto plan de robo generalizado y sistemático de información confidencial de las empresas estadounidenses, que más sonó a justificación para la imposición de restricciones aduaneras que a amenaza real y comprobable. Fuera de ese episodio, es claro que el papel de ese país como gran líder mundial y referente en la definición de estándares internacionales de respeto a los derechos de Propiedad Intelectual declinó sensiblemente en el periodo, y si el efecto negativo no es mayor, solo se debe a la brevedad del tiempo de estancia del personaje en la Casa Blanca.
Lo que es ahora predecible en la recuperación de muchos de los controles extraviados, es que venga una etapa de revisión y señalamiento de incumplimientos en las áreas en que existen compromisos asumidos. En particular, el rubro más sensible es el de los altos niveles de piratería que nuestro país ha alcanzado. En este particular no solo preocupan los números, claramente exacerbados por la informalidad y el desempleo resultado de la pandemia, sino el bajo perfil que nuestro país mantiene desde hace varios años en el combate a la piratería y la falsificación.
De hecho, si se revisan los últimos años del sexenio de Peña Nieto, desde entonces venimos manifestando una disminución en programas y acciones antipiratería, auspiciadas por la falta de recursos e incentivos otorgados a la unidad encargada del área en la Fiscalía General. En el gobierno del presidente López Obrador, el tema ha estado ausente del discurso oficial en sus diferentes niveles, por lo que no se anticipa un cambio en el curso de acción.
A nadie debe sorprender que, recuperado el timón de la gobernanza tradicional en Washington, regresemos al punto en el que, año tras año, ellos exigen y nosotros tratamos de eludir, ser incluidos en la lista de vigilancia por incumplimientos y las eventuales sanciones comerciales que, desde lo teórico, podrían volverse terrenales en algún momento. Por lo pronto, la pregunta sigue siendo la misma: ¿haremos del respeto a la Propiedad Intelectual y la lucha contra la piratería un objetivo alcanzable por convicción?
