El inicio de la gestión de José Juan Méndez Cortés en la presidencia de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), es un punto de inflexión hacia el futuro de la Propiedad Intelectual en nuestro país, en un momento lleno de retos pero con un gran potencial de desarrollo.
Desde la década de los noventa, nuestro país ha destinado grandes esfuerzos a la construcción de un sistema robusto de Propiedad Intelectual, que estimule la innovación y la creatividad a través de su efectiva protección legal. Son de sobra conocidos los efectos positivos de un sistema confiable en materia de patentes, marcas y derechos de autor, que atraiga inversión extranjera y al mismo tiempo brinde a los nacionales rutas seguras hacia la obtención de registros y procedimientos para combatir la competencia desleal.
El momento no podría ser más complejo. Por una parte, porque la pandemia ha desfasado miles de decisiones empresariales que progresivamente serán detonadas en la búsqueda de protección jurídica por parte del IMPI e INDAUTOR, que inevitablemente deberán enfrentar un rezago notable resultado de las dificultades operativas que la emergencia impuso. En la fase de reactivación económica, la respuesta expedita de estas instituciones se vuelve crucial hacia la construcción de la nueva normalidad de los negocios en el país. Por el otro lado, porque justo ahora nuestro país enfrenta los requerimientos de implementar una nueva ley de Propiedad Industrial, luego de casi 30 años de acumulación de temas pendientes, la cual fue impulsada por el T-MEC y que será supervisada cercanamente por las partes en el tratado.
Definir la relación de los diversos protagonistas de la Propiedad Intelectual como “ecosistema” no es arbitrario. Como pocos, este entorno reúne a múltiples involucrados que recíprocamente se influyen. A la aplicación de leyes que corresponde en forma articulada a IMPI, INDAUTOR, aduanas, Fiscalía General de la República, SNICS y otras dependencias, debe agregarse la trascendental función revisora de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la intervención del Poder Judicial Federal en todas sus instancias. Además, los jueces civiles se suman al tablero con sus propias competencias. A estas, hay que agregar a los organismos internacionales rectores de la materia, las Cámaras empresariales, las universidades y centros de investigación, y desde luego, las instancias promotoras de la innovación.
En ese conjunto de intereses y funciones, la labor de AMPPI se vuelve insustituible como interlocutor entre los usuarios y las diversas instancias. Sin esta agrupación, que tiene más de 50 años de labor fecunda, los titulares de derechos difícilmente tendrían voz en las decisiones que se adoptan permanentemente desde lo judicial, desde la negociación de tratados y desde la definición de políticas públicas. No identifico, en los últimos años, tal necesidad de intercomunicación entre los diversos jugadores como lo que se observa con contundencia en este momento.
José Juan Méndez, para quienes no lo conocen, es un especialista en Propiedad Intelectual que ha reunido una amplia experiencia en asociaciones gremiales, que combina con eficacia una gran experiencia en la conducción de agrupaciones de juristas con la necesaria colaboración con las diversas instancias de los sectores público y privado. Poner su gran capacidad de convocatoria al servicio de estas causas es una excelente noticia para la Propiedad Intelectual en México. Hacemos votos porque tenga una exitosa gestión en su administración.
