Buena parte de los rezagos que se produjeron en estos dos años siguen pasando factura, y el trato hermético que asumieron algunos órganos judiciales sigue vigente.
Para los que calculábamos que la pandemia depuraría muchas de las prácticas obsoletas en nuestros sistemas de justicia y que heredaríamos nuevas formas de relacionarnos con jueces y tribunales, debemos reconocer que nos equivocamos. De hecho, buena parte de los rezagos que se produjeron en estos dos años siguen pasando factura, y el trato hermético que asumieron algunos órganos judiciales sigue vigente.
Uno de los avances que se dieron en el periodo como respuesta a la emergencia, fue la implantación de sistemas digitales para la presentación y gestión de diversos tipos de procedimientos. Si bien en aquel momento, como única alternativa fueron empleados de manera generalizada, con el regreso de las “ventanillas presenciales” su uso ha declinado sensiblemente a favor de las viejas prácticas. Parte de la problemática obedece a las constantes fallas de las plataformas y los nulos beneficios que aportan a sus usuarios. Además, los abogados nos seguimos resistiendo a los cambios.
El asunto no pasa únicamente por un viraje que en forma indispensable se reclama hacia mejores tecnologías, sino por la necesaria revisión del colapso que los sistemas de administración de justicia en el país enfrentan. La problemática va desde códigos y leyes que exigen formalismos gravosos y onerosos, hasta las negativas cotidianas de los jueces a admitir demandas bajo argumentos inconfesables. En la construcción de la paradoja, basta considerar que una demanda rechazada indebidamente debe agotar todo un procedimiento de apelación que exige muchas horas adicionales de magistrados y personal, ante lo que habría requerido un solo acuerdo admisorio de 15 minutos.
La inclusión de opciones de juicios orales en diversas instancias civiles y mercantiles no ha contribuido a acortar tiempos, y en matera penal es claro su desfase con relación a fiscalías, jueces y abogados. La inercia de la historia parece seguir pesando demasiado frente a la válida intención de aligerar los procesos y estimular las soluciones por vía de la pragmática reparación de daños.
A la larga lista de carencias hay que agregar las pésimas condiciones laborales del personal, que van desde sueldos claramente bajos para el nivel de responsabilidad que entrañan, hasta la urgente necesidad de mejorar las instalaciones. Sólo en la Ciudad de México, en esto tiempos, los empleados pasan la mayor parte de su jornada laboral en temperaturas superiores a los 35 grados. Todos estos factores se traducen en bajo rendimiento y constantes paros de los trabajadores en reclamo legítimo por mejores condiciones de trabajo.
En esta grave parálisis, hay un atisbo de avance en el empleo generalizado de la mediación, que tomó nuevos espacios en la pandemia y que, si bien no puede aplicarse en todos los casos, con mediadores capacitados puede desahogar la carga en tribunales y abrir paso a los casos que lo requieran.
Todos entendemos que existen graves carencias sociales que podrían requerir inversiones urgentes, pero es también evidente que recursos cuantiosos están siendo dirigidos a programas y obras de cuestionable beneficio. La administración de justicia es el factor de mayor relevancia en la construcción del estado de derecho, y no podemos regatear la relevancia de contar con condiciones mínimas de dignidad y eficacia para honrar el derecho humano de acceso a la justicia.
Dr. Mauricio Jalife Daher
08 de junio, 2022
