La iniciativa para implementar el cobro de la llamada “copia privada”, presentada por el diputado Sergio Mayer, ha iniciado su complicado camino en el Congreso para convertirse en reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. A pesar de que el concepto parece novedoso, la realidad es que la facultad para su cobro está prevista en la ley actual desde 1997, previendo que los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos pueden exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción de la obra hecha sin su autorización.
Este derecho, sin embargo, en la práctica ha sido letra muerta, ante la ausencia notoria de reglas y procedimientos para hacerlo exigible. Ya en el 2003 y en el 2007 se desarrollaron esfuerzos para dar a la copia privada cuerpo para convertirla en ingreso para los titulares de derechos, imponiendo el pago de una parte del precio de venta de los productos que permiten el copiado.
El argumento que subyace como justificación al pago es el hecho de que los fabricantes, importadores y comercializadores de productos electrónicos que permiten copiar o alojar obras amparadas por derechos de autor, venden más productos en la medida en la que estas funciones son empleadas por los usuarios finales para disfrutar de obras diversas, desde software y videojuegos, hasta libros, música y películas. Ante la imposibilidad de verse remunerados por cada copia en lo individual realizada por los usuarios, la única opción real de pagar a los autores y titulares de derechos conexos consiste en que una fracción del precio de dichos dispositivos vaya a dar a su bolsa a través de las entidades de gestión colectiva.
La preocupación inmediata de implementar el cobro es el impacto que pudiera tener en el costo de memorias USB, impresoras, copiadoras, teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y tabletas, que pudiera al final gravitar sobre el precio que el usuario debe pagar al fabricante o importador. La oposición que se ha generado respecto de la propuesta, especialmente por el sector de importadores de aparatos electrónicos es precisamente el incremento en costos, dado que no todos los aparatos reproductores, ni los soportes magnéticos son empleados para estas tareas, por lo que los justos acaban pagando por los pecadores. Hay desde luego algunas excepciones para tratar de reconocer la diferencia.
En otros países la solución ha sido ensayada y los resultados son positivos aunque incipientes, lo que refleja que cualquiera de estas opciones se encuentra aún en etapas inacabadas. En el caso de España y otros países europeos, la recaudación por copia privada alcanza millones de euros al año, sin embargo, las mismas empresas que en esos países pagan en México se resisten a hacerlo.
Como fuere, es más que evidente que el sistema en su conjunto debe pugnar por todos los escenarios que supongan un estímulo a la creatividad, y no en situaciones que apunten a su depredación y desgaste.
