Su participación como supervisor de concentraciones y prácticas monopólicas se considera crítica para el debido funcionamiento de los mercados.
Derivado de la falta de nombramiento de comisionados, la parálisis amenaza a la COFECE. En el caso de este regulador sólo se mantienen 4 de 7, mientras que el IFT opera con cinco, aunque a fin de mes también se reducirán a cuatro.
Lo que más llama la atención de la situación es que obedece a la falta de acción del presidente de la República para enviar las propuestas a la Cámara de Senadores y poder concretar los reemplazos. Digo que llama la atención, en este particular caso, porque si bien hemos atestiguado la indiferencia, o incluso el abierto rechazo del titular del Ejecutivo hacia los organismos autónomos, en los casos de la COFECE y el IFT debería suceder precisamente lo contrario.
Por lo que hace a la COFECE, su participación como supervisor de concentraciones y prácticas monopólicas se considera crítica para el debido funcionamiento de los mercados. En el caso de las concentraciones lo que se impide es que, a través de compras, fusiones, adquisiciones, tomas hostiles y otras acciones corporativas, ciertas empresas dominantes lleguen a controlar determinados renglones de la actividad económica, hasta extremos en los que la imposición de condiciones a los consumidores sea consecuencia natural de su posición de control.
El caso de las prácticas monopólicas no es menos relevante. Al repasar la lista de las conductas sujetas a restricción no podemos sino reconocer la urgencia de operar al máximo nivel los controles dispuestos en la ley para este tipo de supuestos, entre otros, los acuerdos entre competidores para fijar o elevar precios así como los celebrados para dividirse mercados o pactar su participación en licitaciones; las ventas atadas, la depredación de precios, establecer barreras injustificadas a competidores, bloquear el acceso a insumos esenciales, el trato inequitativo y muchas más igualmente graves.
Basta con realizar una lectura superficial de la ley de competencia para darse cuenta de las graves consecuencias a competidores de menor tamaño y las que los consumidores debemos enfrentar por el libertinaje que la ausencia del regulador produce. Un caso actual que ilustra la gravedad de las circunstancias es la resolución de suspensión que la pasada semana la COFECE emitió en la investigación desarrollada para determinar si existen condiciones de sana competencia en el mercado de pagos con tarjeta que son procesados por medio de cámara de compensación, dado que para dictaminarlo se requieren al menos cinco comisionados.
Más allá de la manifiesta violación al mandato constitucional, lo que es en esencia contradictorio de esta indiferencia para activar al IFT y a la COFECE, es la justificación ideológica de sus funciones, orientadas precisamente a reprimir las expresiones más extremas y peligrosas de la concentración monopólica en los sistemas capitalistas. Que no, acaso, ¿tales propósitos estarían totalmente alineados al discurso del gobierno federal?
