La opción de utilizar marcas de certificación como mecanismo de validación de estándares profesionales se impone como una ruta ambiciosa y responsable hacia los usuarios de servicios.
A lo largo de los últimos años, una discusión constante en el ámbito profesional de la abogacía en nuestro país es el de la colegiación obligatoria, que se observa como uno de los filtros más eficientes para elevar el nivel de la práctica del derecho en beneficio directo de todo aquel que requiere asesoría o representación en materia legal. La colegiación permite garantizar niveles de especialización adecuados para el ejercicio de ciertas ramas del derecho, así como actualización constante de todos los profesionales del sector.
En nuestro país, la habilitación para ejercer la abogacía es resultado inmediato de contar con un título universitario válido, lo que permite obtener una cédula profesional, a diferencia de ciertas actividades como el notariado, la correduría pública o la judicatura, que exigen acreditar conocimientos adicionales para acceder a esos roles. Además, en México no se exige la observancia de un código de ética para el ejercicio de la profesión y los que existen en algunas organizaciones profesionales tienen carácter voluntario, no siendo sancionable su violación.
Hoy, la instrumentación de la colegiación obligatoria ha entrado en pausa ante la posibilidad de que se convierta en una herramienta política para permitir, o prohibir, el ejercicio profesional a ciertas personas, bajo criterios discrecionales. En esas circunstancias, la opción de utilizar marcas de certificación como mecanismo de validación de estándares profesionales se impone como una ruta ambiciosa y responsable hacia los usuarios de servicios en nuestro país.
Una marca de certificación, tal como se encuentra regulada en nuestra ley, garantiza a los consumidores que determinados estándares de calidad de productos o servicios son cumplidos, más allá de los valores que la marca de cada empresario o profesionista representa en la competencia en los mercados. Con esa perspectiva, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI) ha generado la primera marca de certificación, utilizando como sello visual su propio logotipo. Es esta una manera contundente de autoexigencia a quienes se comprometen con los usuarios en términos de desempeño profesional.
De hecho, esta marca constituye un antídoto válido para una multiplicidad de ofertas en el mercado de registro de marcas en el país, que son lanzadas utilizando las bases públicas de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para inducir, bajo confusión, a empresarios de todo tipo a realizar trámites innecesarios o fraudulentos.
De esta manera, quien busque una firma que le asesore en la materia, podrá contar con la tranquilidad de elegir a profesionales certificados que tienen una experiencia que les respalda y un prestigio que les obliga. Las marcas de certificación, incorporadas en nuestro sistema recientemente, buscan el perfeccionamiento de los productos y servicios a través de una competencia sana, justa y responsable.
Siendo AMPPI la organización de profesionistas dedicados a la propiedad intelectual más antigua y grande del país, hace mucho sentido que utilice las marcas como vía para distinguirse en mercados que presentan una visibilidad comprometida. Esperamos que otras asociaciones sigan los mismos pasos.
Dr. Mauricio Jalife Daher
Junio 28,2023
