Parece que aún hay puntos por regular para la protección de los inversionistas, comenta Mauricio Jalife.
La idea es excelente. Abrir los modelos de franquicia para recibir fondeo de diversos inversionistas que, con menores recursos puedan adquirir una unidad franquiciada o parte de esta, de manera combinada. La fórmula tiene, además, el atributo de permitir que un inversionista pueda disfrutar de utilidades sin tener que desempeñar el arduo trabajo de un franquiciatario, pudiendo diversificar sus inversiones en diferentes marcas.
Una manera muy gráfica de describir la figura es asemejándola con el funcionamiento de la bolsa de valores en escala reducida, en la que cada inversionista decide que proyecto apoyar, sea por los rendimientos esperados, sea por la simpatía a una marca, o sea por seguir una tendencia. Este “fractal” del mercado de valores, sin embargo, carece de las duras exigencias regulatorias de su hermano mayor.
De esta manera, lo que en el papel luce como un mecanismo virtuoso, que podría democratizar el complejo mercado de las participaciones fraccionales en negocios rentables, en la práctica empieza a generar reclamos y descontento. El caso de “Cervecería del Barrio” es uno de los que está llamando la atención y podría ser referencia de otros en el futuro inmediato.
A pesar de que el crowfunding ya encaja plenamente en nuestro sistema normativo en el marco de la llamada “Ley Fintech”, parecen haber todavía aristas por regular para protección de los inversionistas. En el caso de franquicias justo se cruza con otra figura que desde hace años clama nuevas reglas y la creación de reguladores. A pesar de que en ciertos sectores la madurez del mercado ha permitido éxitos significativos de quienes adquieren franquicias, en otros menos desarrollados los fracasos por falta de pericia y compromiso de los franquiciantes sigue siendo moneda corriente.
Para entender desde adentro lo que estaría empezando a gestarse, podemos recurrir a experiencias del pasado. En el periodo del presidente Calderón, la secretaría de Economía impulsó un ambicioso programa nacional de franquicias, orientado a dar apoyos económicos para el desarrollo de esta clase de modelos, así como para adquirirlos. El resultado fue verdaderamente catastrófico, y 900 millones después de su lanzamiento no quedaron más que vidrios rotos. Empresas que no tenían ni la estabilidad ni la vocación para franquiciar se lanzaron a la aventura, y miles de franquiciatarios que se acercaron al programa quedaron sin nada en las manos y con deudas por pagar.
De manera similar, tenemos un largo número de ejemplos en el álbum empresarial para recordar fracasos estrepitosos de franquicias que recurrieron a apoyos bancarios para que los franquiciatarios pudieran acceder a la compra de unidades de todo tipo de marcas. Lamentablemente, cuando los modelos financieros de las franquicias no están diseñados para repartir dinero a un socio más (el banco), la operación de distorsiona de manera total e irrecuperable. Salvo en el caso de unidades excepcionalmente productivas, en el resto de los casos las unidades terminaban por cerrar o ser traspasadas, quedando el franquiciatario con un legado importante de deudas. Simplemente, el modelo no da para tanto.
No dudamos de las virtudes del crowfunding, pero si dudamos de que su orientación a franquicias sea una idea viable sin la regulación adecuada. Además, la eliminación de un franquiciatario que corresponda al perfil del modelo impone otra distorsión de pronóstico reservado. Esperemos que las partes involucradas, incluyendo a legisladores con el radar prendido, puedan hacer ajustes a tiempo y eviten daños al patrimonio de los franquiciatarios, a la reputación de las marcas y a la credibilidad de las franquicias.
