Una iniciativa pretende que el Estado, en conjunto con la sociedad, tengan el control colectivo sobre la tecnología que utilizan.
En memoria de Julio Campuzano Reyes Retana; el mejor romántico del caos.
Como parte de la campaña incremental de la mercadotecnia del patriotismo que ha desplegado el gobierno federal, diversas propuestas legislativas se siguen produciendo en forma de iniciativas de nuevas leyes y decretos de reformas.
Una de estas expresiones la identificamos en la iniciativa que presenta María Eugenia Hernández Pérez a la Ley de Ciencia y Tecnología, que entre otras enmiendas pretende introducir un amplio y resonante concepto de “soberanía tecnológica”, al que define como una condición en la que un Estado, en conjunto con la sociedad, tienen el control colectivo sobre la tecnología que utilizan, caracterizándose por el acceso al conocimiento sobre el contenido, los procedimientos, los procesos y las técnicas necesarios para el desarrollo y uso de dicha tecnología, lo cual le permite auditar, mejorar, desarrollar y modificar la misma, de acuerdo con sus necesidades específicas, sin la intervención ni autorización específica de terceros; de modo que se garantice la total independencia en cuanto al control de la tecnología utilizada por dicha nación o Estado con respecto a compañías, empresas, personas, naciones y Estados extranjeros.
Este tipo de expresiones parecen obedecer a un lenguaje imperante en el final del siglo XIX y la primera mitad de siglo pasado, cuando se formaron algunos de los principios normativos que provenían de las secuelas de diversas intervenciones armadas en contra de nuestro país y de dos guerras mundiales. Principios normativos, como las cláusulas de extranjería en las sociedades mercantiles o la prohibición de que extranjeros adquieran propiedades en franjas fronterizas y costas del país, de los que aún encontramos resabios en nuestro sistema normativo.
La propuesta de la senadora Hernández puede pasar por razonable en una primera lectura. Dotar a nuestro país de las herramientas necesarias para no depender tecnológicamente de empresas o naciones extranjeras, nos permite habitar el futuro con la tranquilidad de que las entidades que hoy dominan la economía digital no nos impondrán condiciones. Lamentablemente, la lógica de la expropiación previa no sólo no aplica ya en un mundo que responde a la enorme influencia de los activos intelectuales, sino que nos expone a dejar de ser destino de inversiones.
La iniciativa, en realidad, va en sentido opuesto a la realidad de un mundo digital multipresente, al que poco importan fronteras y ataques de soberanía. ¿vamos a expropiar a Facebook su metaverso?, ¿declaramos que Google es de utilidad pública si deciden bajarnos el switch?, ¿declararemos propiedad de la nación los contenidos de YouTube?
México se consideraba una de las economías más abiertas del mundo, con el mayor número de tratados de libre comercio en vigor y un intenso dinamismo comercial que tomó años construir. Modificar la ideología del sistema bajo proclamas de este tipo no es compatible con un modelo que, en los hechos, sigue operando con su propia inercia. Declarar que, sin autorización podremos usar y modificar, a conveniencia, tecnología propiedad de otros, es una afrenta a los postulados del sistema, que viola leyes internas, principios constitucionales y acuerdos internacionales. Es, a estas alturas de la historia, una propuesta indecorosa.
Dr. Mauricio Jalife Daher
04 de Mayo, 2022
