Uno de los desafíos institucionales de mayor envergadura para este año, consiste en lograr una eficaz transición a la recientemente creada Agencia Nacional de Aduanas de México.
Repasábamos la semana pasada los eventos que marcaron el año en materia de propiedad intelectual en el país. Toca ahora espacio a las expectativas de este 2022, que presenta grandes retos en el rubro de observancia, bajo la premisa de que todo el sistema de protección de derechos debe cumplir dos objetivos interconectados: remediar las infracciones de derechos y estimular la innovación y la creatividad.
Uno de los desafíos institucionales de mayor envergadura para este año, consiste en lograr una eficaz transición de la Administración General de Aduanas a la recientemente creada Agencia Nacional de Aduanas de México, que tendrá un papel clave en la detección y detención de productos falsificados en su tránsito hacia el país. Lo cierto es que el mecanismo desarrollado a lo largo de la última década presentaba ya niveles eficientes en la implementación de medidas en frontera, por lo que mantenerlos e incrementarlos aportaría un enorme beneficio en la lucha contra la piratería.
En este rubro identificamos el mayor nivel de respuesta que se requiere del aparato estatal, en particular de la Unidad de Lucha contra la Piratería de la FGR. Es claro que, en los últimos años –de hecho, desde el sexenio anterior–, hemos presenciado una disminución significativa en los aseguramientos, campañas y presencia de este que es el último reducto del sistema para contener el tráfico de productos ilegales en el mercado. Justificar la inacción bajo la falacia de la generación de empleo es una simplificación peligrosa, que ignora los graves males que la piratería acarrea al sector productivo nacional, a la imagen del país hacia el exterior y a los propios consumidores. Es claro que, en este rubro, se requiere un importante rediseño de las instancias oficiales existentes para estas tareas y partidas presupuestales acordes a su importancia.
En la parte que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también hay grandes temas para este año. El más relevante consiste en poner a punto la utilización de la instancia de dictaminación de daños y perjuicios por infracciones de patentes y marcas, que por su novedad sigue planteando interrogantes. De la mano de este y otros temas que la nueva ley inauguró, la expedición del esperado reglamento habrá de aportar claridad a muchos de los asuntos que en la práctica manifiestan algún grado de incertidumbre.
En dos temas esperemos este año mayor actividad de los empresarios y productores nacionales. Uno es el de presentación de solicitudes de patentes, y el segundo es el de protección de indicaciones geográficas, que progresivamente ha ido creciendo en atención y uso a lo largo y ancho del país.
Si algún tema del sector requiere ingeniería mayor es el de franquicias, que pasa de los 15 años sin ningún ajuste. Aun y cuando las franquicias han mostrado un crecimiento sostenido en el país en estos años, es evidente que el modelo empieza a mostrar signos de desgaste que se traducen en riesgos para los inversionistas. Figuras como el crowdfunding deben ser revisadas en su aplicación a modelos de franquicia, para evitar que herramientas potentes de democratización de inversiones empresariales terminen en lamentables pérdidas patrimoniales por falta de regulación.
En esa misma lógica, toca al Congreso revisar el marco normativo completo de las franquicias, y reflejar en reglas claras la experiencia que se ha acumulado en los últimos años.
Felicidades a todos, y que la propiedad intelectual pueda liberar todo su potencial como motor de crecimiento económico en nuestro querido México.
