La sentencia dictada en el proceso que sigue Ulrich Richter en contra de Google, que condena a esta última a un pago de la extraordinaria cifra de 5 mil millones de pesos por daño moral, tiene relevancia desde múltiples ángulos. Un apretado resumen del caso nos remite al 2015, como inicio del juicio derivado de la publicación de un blog por el que un tercero acusaba a Richter de diversos actos delictuosos, sin aportar prueba alguna de sus dichos. En una primera instancia la sentencia habría beneficiado al demandante, pero por una cifra menor de la que hoy determina la sala de apelaciones que ha revisado el caso.

Un primer factor relevante es la responsabilidad que este tipo de plataformas pueden tener en la no remoción oportuna de contenidos ilegales, que es equivalente al que las editoriales comparten con los autores respecto de los contenidos que difunden. En estos casos la participación de los motores de búsqueda es mayor, en función de la “indexación” automatizada que permite posicionar en primer lugar de resultados aquella noticia que tiene mayor número de vistas. Así, el suceso que afecta a cualquier individuo se convierte en referencia permanente y obligada de “los

El caso supera, además, la tradicional defensa que empresas como Google han interpuesto en diversos tribunales del mundo, que pretende negar su jurisdicción alegando que el domicilio de la empresa internacional se ubica fuera de su territorio.

El caso aporta luz a la intrincada relación que las plataformas digitales han consolidado en el mundo permitiendo asumir que, los individuos, podemos hacer valer nuestros aparentes “reducidos derechos” aun en contra de gigantes tecnológicos que suelen arrasar intereses personales sin el menor reparo, basados en su enorme influencia y blindaje legal.

Si bien la sentencia dictada en este expediente puede aún ser recurrida por Google, sus efectos orientadores han dejado ya una brecha que será seguida en casos similares.